Cómo España contribuye a desestabilizar la paz mundial

La guerra del Yemen ha causado la muerte a cerca de 10.000 civiles y heridas a 50.000

Que España es el séptimo país del mundo que más armas exporta es poco conocido y que buena parte de esas armas, en los últimos años, han tenido como destino países como Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos lo es menos. Quizás esto tenga que ver con el gran secretismo que rodea todo lo que tiene que ver con el comercio de armas, una actividad que en España factura más de 10.000 millones de euros al año y que goza de patente de corso para operar en la sombra, lejos de la vista de la opinión pública.

El caso de Arabia Saudí es especialmente reseñable, ya que este país lidera una coalición que participa activamente en la guerra del Yemen, donde el conflicto entre ambas partes ya le ha costado la vida a cerca de 10.000 personas y ha causado heridas a más de 50.000. Desde 2014 Arabia Saudí ha sido precisamente el destino preferente para las exportaciones españolas, con un valor económico que suma la tercera parte del total de las ventas. Y todo ello a pesar de que se conoce que la coalición saudí, al igual que al otro bando, está protagonizando ataques a la población civil con la destrucción de mercados, escuelas u hospitales.

Según la legislación internacional y española, no se debería permitir la exportación de las armas, y ni si quiera la venta de este material bélico a países que puedan usarlo para cometer ataques contra la población civil, pero la falta de control por parte del Gobierno español (algo que le corresponde) hace que sea muy difícil verificar el correcto uso de las armas Made in Spain.

La madeja del comercio de armas

Pero, ¿cómo es posible esta situación? todo comienza con la cobertura legal y el apoyo del Gobierno. España cuenta con una ley de comercio de armas que regula la exportación de material bélico, aunque su labor queda limitada por los resortes y atajos que emplea la industria armamentística y por la poca diligencia a la hora de aplicar la ley. Por ejemplo, existe un desconocido organismo llamado Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU), cuyos informes son preceptivos y vinculantes antes de la venta de armamento. Este organismo debería velar porque la venta de armas a terceros países se haga con garantías para la no violación de los derechos humanos, pero la realidad es que su opacidad sirve como un gran manto negro que cubre el comercio exterior de material bélico.

Para comenzar, las deliberaciones y argumentaciones de la JIMDDU son secretas y operan bajo la Ley de Secretos Oficiales, una norma que data de 1968 y que permite declarar materias clasificadas cuestiones como esta, a pesar de que deberían ser públicas. El resultado es que prácticamente la totalidad de los dictámenes de la JIMDDU son positivos para poder vender armas. Tanto es así que lo que debería ser un proceso duro y laborioso para las empresas fabricantes de armamento, con el fin de garantizar el correcto uso de las armas, se ha convertido en un mero trámite que termina prácticamente siempre con el visto bueno de la Secretaría de Estado de Comercio que abre las puertas al exterior.

La madeja es tal, que Greenpeace ha contado con el apoyo de periodistas de investigación de Datadista para poner luz sobre este asunto. El equipo de Datadista, a pesar de haber investigado previamente en numerosos asuntos, se mostraba sorprendido por la arbitrariedad de las administraciones en este caso. “A pesar de conocer los entresijos de la burocracia y la administración, hemos constatado hasta dónde pueden llegar”.

“Ha sido un trabajo difícil porque teníamos información procedente de muy diversas fuentes y teníamos que contrastar todo y darle una forma bien estructurada para ayudar a entender el caso”, comentaban Ana Tudela y Antonio Delgado, de Datadista.

Quizás un poco más de luz y transparencia evitarían que se dejara de actuar a la sombra mientras bombas Made in Spain siguen cayendo en algún lugar del planeta.

IGNACIO ROBLES, UN HÉROE ANÓNIMO

Una mañana de marzo de 2017 Ignacio Robles, un bombero de Bilbao, fue llamado junto con otros dos compañeros para participar en un retén de seguridad en el puerto de Bilbao. Este tipo de operaciones son bastante habituales cuando lo que se embarca son materiales explosivos.

Sin embargo, esa mañana Robles notó algo diferente. El barco en el que se iban a cargar los contenedores contaba con unas inscripciones en árabe y sintió curiosidad por saber qué contenían exactamente, a lo que un responsable de la operación le respondió que se trataba de bombas rumbo Arabia Saudí. Ignacio, conocedor de la existencia de un conflicto en Yemen en el que estaba participando el país de destino del armamento y ante la sospecha de que pudieran ser usadas contra la población civil, se plantó y se negó a “ser cómplice”.

Con ese acto digno de reconocimiento y admiración, Ignacio comenzó a vivir una pesadilla y a las pocas semanas se enteró de que se le había abierto un expediente sancionador por una falta grave que podría acarrear su pérdida del puesto de trabajo por varios años. “Se me cayó el mundo cuando me enteré de las consecuencias que podría tener. Para mi familia ha supuesto un duro golpe porque tengo dos hijos que mantener y no sabía en qué pensar”, recuerda Robles.

Finalmente la sanción ha quedado en una falta leve, pero como reconoce, “el daño ya está hecho y supone una advertencia para mis compañeros o cualquiera que se quiera oponer a algo así”. Además del calvario personal, Robles comenta que ha perdido siete kilos, ha tenido algunos problemas de salud y el proceso le ha supuesto un importante daño económico por los muchos gastos del proceso. “Mi familia ha sido quien más ha sufrido, pero qué podría haber hecho, ¿cómo no oponerse a algo así?”.