La huella de la destrucción

Hay decenas, incluso de cientos, de casos así pero entre ellos destaca uno reciente que está teniendo lugar en Guatemala, un estado rico en biodiversidad y recursos naturales. Allí una empresa española está participando en un episodio que podría dar lugar al argumento de una película.

Grupo Cobra, una compañía de ingeniería perteneciente a ACS, la empresa del todo poderoso presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, participa en un proyecto de construcción de una estación hidroeléctrica que está teniendo graves consecuencias para las personas que habitan en la zona.

El caso de ACS es especialmente significativo porque ilustra la inutilidad de las medidas de carácter voluntario, los dobles estándares y los vacíos legales para la rendición de cuentas cuando las grandes corporaciones actúan en el extranjero y en calidad de subcontratas. La filial de ACS ha participado en varias fases del complejo hidroeléctrico Renace, una infraestructura millonaria que ha alterado profundamente el río Cahabón (departamento de Alta Verapaz, Guatemala) a lo largo de 30 kilómetros.

Además de graves carencias del procedimiento de evaluación ambiental y fallos en el proceso de consulta a los pueblos indígenas, el proyecto ha producido un daño ambiental significativo. Ha ocasionado la reducción drástica del caudal del río, que ha derivado en la merma del derecho de acceso al agua potable para casi 29.000 habitantes de la comunidad quekchí.

La empresa de Florentino Pérez niega su responsabilidad en este escándalo argumentando que el Grupo Cobra/ACS fue subcontratada por la empresa constructora local CMI, quien era en última instancia la responsable del proyecto. Es decir, que a pesar de estar inmersa totalmente en el caso,  intenta evadir su responsabilidad. La impunidad con la que operan las empresas fuera de sus países de origen resulta a veces sorprendente, especialmente en lugares en los que los gobiernos son tolerantes con las actividades de las multinacionales extranjeras o donde las normas locales son laxas con los impactos medioambientales. Tanto es así que rara vez una empresa reconoce su parte de culpa ante situaciones de violaciones de los derechos humanos o destrucción medioambiental, y nadie, salvo las ONG y las comunidades afectadas, exigen que adopten medidas para impedir esta situación.

El caso de Bernardo Caal

Y si algunas empresas operan con impunidad y sus actuaciones suponen graves impactos para el medio ambiente, quienes tratan de oponerse a estos proyectos corren, por el contrario,  graves peligros. A lo largo y ancho del planeta son muchos los casos de personas perseguidas, amenazadas o incluso asesinadas cuando intentan interponerse a los intereses de las multinacionales.

Uno de los más conocidos es el de la activista hondureña Berta Cáceres, asesinada hace dos años cuando se oponía a la destrucción de un río de su país, pero más recientemente, y sin salir de Guatemala, ha surgido el caso de Bernardo Caal un maestro guatemalteco de 45 años que también es el líder comunitario del pueblo q’eqchi’, ya que estos proyectos hidroeléctricos dañan el territorio de su pueblo y les arrebata un recurso fundamental para la vida: el agua. Bernardo se ha convertido en un testigo incómodo y eso le está pasando factura.

El pasado mes de enero el Juzgado de Cobán (Guatemala) decretó su prisión provisional tras una audiencia en la que se le acusó de delitos de detenciones ilegales y robo agravado. Las acusaciones venían de la empresa de telecomunicaciones Netzone y cuatro personas relacionadas con la empresa OXEC S.A., una de las hidroeléctricas sobre el río Cahabón, en Alta Verapaz, contra las que se ha centrado la lucha de Bernardo.

Pero casualmente Caal también lidera la oposición contra el complejo Renace en el mismo río Cahabón, es decir, el proyecto de la empresa de Florentino Pérez. Tras su detención, personas de las comunidades cercanas a Bernardo se movilizaron y cortaron algunas carreteras como señal de protesta, además de organizar varias  concentraciones y actos simbólicos en las calles. Sin embargo, su situación no ha mejorado y se le mantiene en una prisión bajo duras condiciones y donde su vida no está a salvo. El colectivo MadreSelva, de Guatemala, con el que colaboraba Bernardo, tampoco puede trabajar con normalidad debido al peso de la amenaza de persecución.

Alianza por la Solidaridad, que ha trabajado en profundidad el caso, sigue recabando apoyos y realizando gestiones para que Bernardo sea puesto en libertad. Desde Greenpeace se ve este caso como un claro intento de criminalización de quienes protagonizan la oposición a los proyectos dañinos para la naturaleza, una especie de aviso a navegantes para quien quiera borrar la huella de la destrucción.