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Una ley de movilidad más necesaria que nunca

Estación Madrid-Puerta de Atocha. El verano pasado, marcado por la crisis de la civid, pedimos al ministro Ábalos una apuesta clara por el ferrocarril. © Pablo Blázquez / Greenpeace

Ante la Ley de Movilidad Sostenible que prepara el Gobierno, demandamos un mecanismo estable de financiación del transporte público, especialmente ahora que la demanda del tráfico rodado se ha recuperado mucho más rápido que la del bus o el metro. Entre las propuestas enviadas al Ministerio figura la obtención de ingresos mediante nuevas tasas al transporte contaminante o contribuciones de los grandes generadores de movilidad, como sucede cuando una empresa traslada su sede lejos de la ciudad.

La elaboración de esta norma fue una de las exigencias de Greenpeace a los partidos políticos durante la campaña de las elecciones generales de 2019. Esta iniciativa se inscribe en nuestro objetivo de darle la vuelta a un sistema de financiación que prioriza los intereses de las industrias más contaminantes. La ciudadanía merece un modelo de movilidad socialmente justo, con transportes sostenibles al alcance de todas las personas.

Recordemos además que la contaminación atmosférica causa más de 31.600 muertes prematuras al año en España, según la Agencia Europea de Medio Ambiente.

Fiscalidad verde

Nuestro país sigue a la cola –ocupa el puesto 25– en el ranking de fiscalidad ambiental de la Unión Europea. Para revertir esta situación, nos parece esencial que la Ley de Movilidad incluya una revisión de los impuestos basada en criterios ambientales. En nuestras aportaciones a la consulta pública previa de la ley proponemos las siguientes medidas:

  • Extender el Impuesto Especial de Hidrocarburos también al queroseno de la aviación, actualmente exento.
  • Actualizar el impuesto de matriculación y permitir la exención solo a los vehículos de cero emisiones.
  • Reforma del IVA. Los servicios de transporte pagan un tipo reducido del 10% sin importar su impacto ambiental.
  • Reforma del impuesto de tracción mecánica. Su cuantía depende de la potencia del vehículo, pero debería establecerse en función de las emisiones de CO2, con bonificaciones para los de cero emisiones o los que pertenecen a sistemas de carsharing y titularidad compartida.

Texto: Graciela Rodríguez, periodista   Fotos: Pablo Blázquez / Greenpeace