La transparencia en el comercio de armas, más cerca

Como casi todo lo relacionado con la guerra, el comercio de armas tiene muchos privilegios. Uno de ellos es que las transacciones de armamento a terceros países son secretas, con lo que ni la ciudadanía ni el Parlamento pueden controlar si se respeta la ley o no.

Este manto de oscurantismo es posible gracias a la ley franquista de Secretos Oficiales (aún vigente) y a una decisión de un consejo de ministros de los tiempos de Felipe González que usó esa ley para que todas las transacciones de armamento se pudieran hacer sin control. Así las cosas, recientemente Greenpeace solicitó información de una de esas ventas de armas, que, lógicamente, fue denegada al amparo de la susodicha ley preconstitucional.

Para tratar de paliar esta situación, Greenpeace presentó una demanda, admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con el argumento de que la denegación suponía una violación del derecho de acceso a la información, parte clave, a su vez para ejercer el derecho a informar recogido en el famoso art. 20 de la Constitución. Si la demanda tiene éxito, el oscurantismo podría ser algo del pasado.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha equiparado el derecho de acceso a la información a los derechos fundamentales