Vuelve EL "ladrillazo"

Durante los últimos meses, varias comunidades autónomas han aprovechado el discurso de la reactivación económica post-covid para agilizar paquetes normativos y proyectos urbanísticos, sin suficiente evaluación de impacto ambiental. Esto choca con la transición ecológica justa que presentó el Gobierno al inicio de esta legislatura pero, al parecer, el marco estatal es tan frágil que no nos salvará de tropezar de nuevo con la misma piedra, o mejor dicho, con el mismo ladrillo.

GALICIA
La Xunta ha declarado “esenciales” casi un millar de expedientes pendientes de tramitación. Así podrían reactivarlos sin los adecuados canales de participación pública. Núñez Feijóo dice que son iniciativas “indispensables” para el “interés público”, con el fin de esquivar las restricciones del Gobierno central. Los 975 proyectos incluidos en la Orden, son, en muchos casos, especialmente sensibles, al generar enorme rechazo social.

COMUNIDAD DE MADRID
El gobierno regional pretende sustituir las licencias urbanísticas por una declaración responsable en obras menores. La tramitación de la reforma de la Ley del Suelo se hará por vía urgente para eliminar los “trámites burocráticos innecesarios que dificultan el trabajo del sector”. Se elimina una adecuada vigilancia y participación ambiental y se podrán desbloquear hasta 2.000 expedientes urbanísticos, de forma inmediata.

CASTILLA Y LEÓN
Se modificará la Ley de Urbanismo para agilizar las licencias urbanísticas y los trámites administrativos, con medidas como la ‘declaración responsable’ en apoyo al sector de la construcción porque, según manifiesta la Junta, “es clave en la recuperación y reconstrucción tras el Covid-19”.

ISLAS CANARIAS
Se promoverá una modificación puntual de la Ley del Suelo que, entre otras cuestiones, eliminará obstáculos al sector hotelero, cuando el modelo turístico actual, basado en el turismo masivo de sol y playa, ha traído a las islas una considerable huella ecológica.

REGIÓN DE MURCIA
La aprobación de dos Decretos Ley (mitigación del impacto del Covid-19 en medioambiente y en vivienda e infraestructuras) supone modificar la Ley del Suelo, de Puertos y de Protección Ambiental Integrada, dando a los ayuntamientos la última palabra sobre evaluación ambiental de los planes de desarrollo. Al tramitarse de urgencia, se realizó sin transparencia ni participación pública y sin los preceptivos informes jurídicos.

ANDALUCÍA
El Parlamento ha convalidado el Decreto Ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva, reduciendo la participación pública y eliminando garantías ambientales. La Junta ha modificado 21 leyes y seis decretos, como la Ley de Ordenación Urbanística (LOUA) y pretende reformar, también, la Ley del Suelo, dotando a los ayuntamientos de mayor autonomía para perfilar su modelo urbanístico.

CASTILLA LA MANCHA
El gobierno manchego va a proponer dos leyes, por tramitación exprés, para agilizar los procedimientos económicos y de instalación de empresas. La Consejería de Fomento quiere reactivar sectores como el de la construcción y pretende que la Administración sea un catalizador que agilice expedientes y trámites, en pos de la generación de empleo y riqueza.

ISLAS BALEARES
Se pretende eliminar trabas burocráticas para potenciar la construcción. Las solicitudes presentadas antes de fin de 2021 “quedarán excluidas del cumplimiento de los parámetros que impidieran su ejecución”. Los proyectos solo necesitarán un informe para la licencia, o bien “una declaración responsable” en suelo urbano y los hoteles podrán incrementar la superficie en un 15%. Medidas preocupantes en estas islas que, según la ONG Terraferida, cuenta con la mayor densidad de plazas turísticas del planeta.