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TIEMPOS PARA REFORZAR EL SISTEMA DEMOCRÁTICO

La transformación del modelo actual necesita una profunda reforma de nuestro ordenamiento jurídico que empiece por la protección del medioambiente en la Constitución. Junto a este gran paso es necesaria una gran reforma fiscal que redistribuya la riqueza y un nuevo sistema de relaciones y de coopera

Campo de margaritas en flor con molino de viento al fondo © Pedro Armestre / Greenpeace

La puesta en marcha del modelo de Greenpeace para reinventar el sistema necesita un cambio radical de las actuales normas que rigen nuestro sistema ordenamiento jurídico. Para apostar por una verdadera transición ecológica, que cuide el uso de los suelos o que apueste por el protagonismo de las energías renovables, es totalmente necesario un nuevo marco jurídico que ponga la sostenibilidad de la vida en el centro.
Es el momento oportuno de dar un paso hacia adelante y reforzar el marco de nuestro Estado democrático y de derecho: una verdadera reforma judicial que comience por incluir la protección del medioambiente en nuestra Constitución.
El reconocimiento expreso en la Constitución de un derecho fundamental a un medio ambiente adecuado posibilitaría a la ciudadanía exigir ante los tribunales su protección. Para ello es necesaria una modificación profunda del artículo 53 CE para, así, potenciar la aplicación y el desarrollo más ambicioso del derecho a un medioambiente saludable, lo que obliga a la protección del ecosistema, de la salud de las personas y de los derechos de las generaciones futuras en aras del interés general.
Pero no solo es obligatorio un verdadero cambio judicial, sino que también hay que encarar una reforma del actual sistema fiscal que permita llevar a cabo la transición ecológica. Esta transformación necesitará de una inyección de dinero público que proceda de los impuestos y empresas que más contaminan.
Es necesaria una reforma fiscal justa y progresiva que tenga en cuenta la fiscalidad verde. Para desarrollar este nuevo modelo de transición hay que abordar esta reforma fiscal en dos direcciones. Por un lado, un incremento de los tipos impositivos que gravan el patrimonio de las rentas más altas y los grandes beneficios empresariales, y la creación de nuevos tipos impositivos a aquellas actividades exentas de tributación (transacciones financieras o las actividades de algunas empresas tecnológicas).
Por otro lado, habría que desarrollar un nuevo modelo fiscal dirigido a grandes contaminantes, aplicando el principio de quién contamina, paga. La creación de nuevos impuestos verdes sobre emisiones o combustibles fósiles, como en el caso de la aviación, son medidas efectivas para un modelo justo y ecológico.
Además también se propone la creación de incentivos fiscales para los modelos de negocio sostenibles que primen la reparación, la reutilización y el intercambio, así como a los que apuesten por la producción local y sostenible.

Un sistema  MULTILATERAL RENOVADO

Esta crisis global necesita de una respuesta global. El cambio climático es un problema global que alcanza una perspectiva ambiental, política, económica y social, donde las peores previsiones también implican enormes pérdidas económicas y sociales. La crisis del Covid-19 nos ha vuelto a demostrar la fragilidad e interdependencia de la naturaleza y el ser humano, por lo que todas las medidas contra esta pandemia o la crisis ecológica que enfrentamos fracasarán si no se combaten a nivel internacional. Por ello, los cambios tienen que ir más allá de nuestras fronteras.
Se necesita un sistema multilateral renovado y resiiente que de respuesta a los problemas del siglo XXI. La Unión Europea ha de asumir el liderazgo internacional y contribuir a elevar la ambición en la lucha contra la emergencia climática y la crisis social. Los países europeos no deben rehuir sus funciones internacionalistas como la solidaridad internacional, protección de los derechos humanos y proactividad como actor global. La política exterior de la UE debe retomar los valores de libertad, justicia y democracia sobre los que se edificó el proyecto europeo.
Por último, el actual régimen mundial de comercio e inversión impone altos costes sociales y ambientales a las personas y al planeta. Y en muchos casos, los gobiernos favorecen el comercio por encima de las normas sociales y ambientales, y obvian la necesidad de regular normas que promuevan y protejan el interés público.

Texto: Mario Ruiz-Ayúcar Dorado   Fotos: Pedro Armestre