Comienza el primer litigio climático en España

Se trata de una acción histórica a la que, sin embargo, nos gustaría no haber tenido que llegar”.  Mario Rodríguez, director de Greenpeace, resume así el sentir detrás de meses de trabajo. El pasado 14 de septiembre, junto con Ecologistas en Acción y Oxfam Intermón, Greenpeace demandó al Gobierno de España por inacción ante el cambio climático.

En estos momentos en los que la pandemia de la COVID-19 está mostrando con toda crudeza las consecuencia de una crisis global, prevenir los peores impactos del cambio climático es más urgente que nunca. Y para ello, solo hay una vía, según las tres organizaciones: reducir drástica y rápidamente las emisiones de CO₂ y acelerar la transición ecológica, lo que requiere de decisiones políticas y judiciales valientes.

“Los esfuerzos del actual Ejecutivo resultan insuficientes para cumplir con los compromisos internacionales y compensar la falta de acción de los Gobiernos anteriores”, señala Rodríguez.

El caso Urgenda

Son muchos los litigios climáticos en proceso actualmente en todo el mundo. Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Bélgica, India o Nueva Zelanda son solo algunos de los países cuyos Gobiernos enfrentan demandas por esta causa. El caso más notorio es el de Holanda, donde la Fundación Urgenda ha logrado este año una histórica sentencia del Tribunal Supremo, que condena al Ejecutivo holandés por incumplir los compromisos previamente adquiridos en relación con la mitigación climática, violando con ello los derechos fundamentales de las generaciones presentes y futuras.

¿Por qué ahora?

La falta de compromiso en la defensa del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático de la clase política viene de lejos, por lo que Greenpeace lleva tiempo buscando la oportunidad de emprender una acción judicial. Sólo ahora se ha encontrado una vía de acceso a los tribunales, cuando el Gobierno de España ha incumplido un Reglamento de la UE, que le obligaba a aprobar un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y una Estrategia a Largo Plazo (ELP) antes del 31 de diciembre de 2019. Transcurridos ocho meses desde entonces, el Gobierno todavía no ha aprobado estos importantes instrumentos jurídicos, que definirán el volumen de reducción de emisiones para la próxima década.

El actual Gobierno ha heredado una situación de elevadisimas emisiones de gases de efecto invernadero en España debido a las nefastas políticas climáticas y energéticas anteriores, pero esto no le exime de su obligación de aumentar sus esfuerzos para llegar al objetivo recomendado por la ciencia y los acuerdos internacionales de los que es parte.