Demandar para callar

Una demanda de un millón de euros. Otra de más de 300 millones de dólares. Activistas pendientes de si acabarán pagando multas imposibles o enfrentándose a penas de prisión. Y, mientras tanto, tiempo, dinero y energía desviados de aquello que pretendían denunciar: contaminación, corrupción, crisis climática o abusos empresariales.

Porque no siempre hace falta ganar un juicio para silenciar una voz incómoda. En los últimos años, Europa ha visto crecer un fenómeno que hasta hace poco parecía excepcional: las SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation), conocidas en español como Demandas Estratégicas Contra la Participación Pública.

El término fue acuñado en los 80 por los profesores Penelope Canan y George W. Pring para describir demandas impulsadas por actores poderosos —grandes empresas, cargos políticos o figuras con capacidad económica— contra quienes amenazan sus intereses económicos, políticos o reputacionales.

«Muchas veces son demandas infundadas, pero quien las recibe se ve obligado a defenderse y a valorar si puede hacer frente a sanciones millonarias», explica Javier Raboso, responsable de campañas de Greenpeace España. «El principal objetivo no es restituir el honor o la legalidad, es generar miedo y silenciar voces críticas».

Según el último informe de la Coalition Against SLAPPs in Europe (CASE) y la Fundación Daphne Caruana Galizia, Europa acumula ya más de 1.300 demandas documentadas desde 2010, con 167 nuevas registradas solo en 2024.

Uno de los ejemplos más conocidos en España fue el de Manuel García, agricultor y activista de A Limia (Ourense), demandado por la empresa Coren tras denunciar públicamente la contaminación derivada de la ganadería industrial. La empresa llegó a reclamarle un millón de euros.

«Intentaron demandarle para silenciarlo y lo que consiguieron fue un efecto Streisand —recuerda Raboso—. Hubo una enorme respuesta social y muchas organizaciones salieron en apoyo de Manuel». Finalmente, la compañía no continuó adelante con la demanda. 

Porque muchas veces funcionan como un globo sonda: una amenaza suficientemente intimidatoria como para provocar autocensura, incluso antes de llegar a juicio.

Del derecho al desgaste

El problema no afecta únicamente al activismo ecologista. Periodistas de investigación, investigadores universitarios, denunciantes de corrupción o colectivos vecinales se encuentran también entre los objetivos habituales.

Uno de los episodios que más contribuyó a visibilizar este fenómeno fue el de la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia. Aunque su asesinato en 2017 no se considera una SLAPP en sí misma, sí evidenció hasta qué punto periodistas y denunciantes pueden quedar expuestos a múltiples formas de presión y violencia.

En el momento de su muerte, Caruana Galizia acumulaba decenas de demandas relacionadas con sus investigaciones sobre corrupción. Su historia impulsó la creación de la Daphne Caruana Galizia Foundation, hoy una de las organizaciones más activas en la lucha europea contra este tipo de acoso.

« El principal objetivo no es restituir el honor o la legalidad, es generar miedo y silenciar voces críticas».

Ojito, que te demando…

En Francia, el Grupo Bolloré y varias compañías vinculadas al magnate Vincent Bolloré han impulsado durante años acciones judiciales contra periodistas y ONG que investigaban sus actividades en África. Muchas terminaron archivadas, pero acabaron convirtiéndose en uno de los grandes símbolos europeos del uso de los tribunales como herramienta de desgaste.

En Estados Unidos, Greenpeace se enfrenta también a uno de los litigios más paradigmáticos del momento. Tras apoyar las protestas indígenas contra el oleoducto Dakota Access Pipeline en Standing Rock, Greenpeace USA ha recibido una condena de más de 300 millones de dólares en una demanda impulsada por la petrolera Energy Transfer. En su momento, las protestas habían logrado paralizar inicialmente el proyecto durante la presidencia de Barack Obama, pero Donald Trump reactivó posteriormente el oleoducto mediante una orden ejecutiva.

Paralelamente, Greenpeace Internacional —con sede en Países Bajos— ha respondido utilizando la nueva directiva europea anti-SLAPP, que se aprobó en 2024 y todavía está pendiente de transposición completa en muchos países.

Una directiva europea… y muchas dudas

La nueva normativa europea busca proteger a periodistas, activistas y organizaciones frente a demandas abusivas, introduciendo mecanismos como la desestimación temprana de procedimientos.

España ya ha presentado un anteproyecto de ley para adaptar esta directiva a su legislación nacional. Pero las organizaciones temen que la protección pueda quedarse corta. A ello se suma otra preocupación: que las empresas aprendan a reformular sus estrategias para esquivar las futuras leyes.

«El riesgo existe. Por eso es tan relevante denunciar estos abusos, apoyar a quienes los sufren y elevar la presión social para que las leyes no permitan este uso espurio de la justicia», resume Raboso.

« Muchas veces funcionan como un globo sonda: una amenaza suficientemente intimidatoria como para provocar autocensura, incluso antes de llegar a juicio».

Otras formas de intimidar

Las SLAPP no son el único síntoma del endurecimiento contra el activismo climático. Organizaciones ecologistas denuncian también una respuesta institucional, policial y judicial cada vez más dura frente a determinadas formas de protesta.

«Hemos pasado de unas movilizaciones climáticas con una enorme legitimidad social a un escenario donde el activismo climático está mucho más señalado», afirma Raboso.

Según explica, el punto de inflexión llegó cuando esas protestas empezaron a señalar directamente a gobiernos, grandes empresas y modelos económicos concretos. Raboso recuerda, además, que la propia Fiscalía General del Estado llegó a incluir en 2023 un epígrafe sobre el «ecologismo radical» dentro del capítulo dedicado al «terrorismo doméstico» en una de sus memorias anuales, algo de lo que posteriormente tuvo que retractarse.

Uno de los ejemplos más conocidos en España es el de la protesta organizada por Greenpeace en el puerto de Sagunto en el año 2021. Activistas de esta organización bloquearon durante doce horas la entrada de un buque gasero procedente de Estados Unidos para exigir el fin de los combustibles fósiles. Tras la acción, once activistas fueron detenidos y el próximo 23 de septiembre de 2026 se celebrará el juicio.

El Ministerio Fiscal solicita cinco años de cárcel por un delito de desórdenes públicos agravados. Es la primera vez que se pide una pena tan alta para activistas por acciones pacíficas. Además, aunque han sido recurridas, la organización ya ha tenido que hacer frente al pago de sanciones de varios miles de euros.

«El foco termina poniéndose sobre los activistas y sobre la legitimidad de las protestas —afirma Raboso—. Es una forma de matar al mensajero». 

Aun así, considera que estas presiones están generando también un efecto inverso al que persiguen. «Aunque la intención es desgastar y desmovilizar, estas estrategias acaban generando cada vez más conciencia sobre hasta qué punto defender el medioambiente y alzar la voz frente a las injusticias forma parte de una democracia sólida».