Entre los pasados 16 y 22 de septiembre, se celebró la Semana Europea de la Movilidad. En Greenpeace, salimos a 19 ciudades a inaugurar Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) ficticias y reclamar más compromisos a los ayuntamientos, tal y como exige la Ley de Cambio Climático.

Las ZBE mejoran la calidad del aire, mitigan la crisis climática, promueven el transporte sostenible y permiten recuperar los espacios públicos. Sin embargo, la clasificación de los vehículos utiliza el distintivo ambiental de la DGT, un sistema muy cuestionado por ser un coladero de tecnologías contaminantes. Por ejemplo, todos los vehículos de gas fósil o los microhíbridos, incluso los de mayor peso y cilindrada, se clasifican como ECO. Y los vehículos híbridos enchufables disfrutan de la etiqueta CERO, a pesar de que funcionan con gasolina cuando no están cargados. Por último, las etiquetas de la DGT no consideran el CO₂ emitido, tan solo las sustancias contaminantes locales, como el NOx o las partículas.

Exigimos que se revisen estos criterios. Por ello, el pasado 27 de septiembre, desplegamos en Madrid una pancarta gigante con forma de etiqueta ambiental y con el texto “ECO tongo: DGT, cambia las etiquetas ¡ya!”.

¿Sabías que el consumo de carne en España casi triplica las recomendaciones de la ciencia para una dieta sana y sostenible? ¿Y que somos el país europeo con mayor consumo de carne por persona? Esto tiene que acabar. Llevamos tiempo pidiendo un consumo máximo de
300 gramos de carne a la semana. Ahora, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) nos da la razón y reduce el límite semanal recomendado a entre 300 y 375 gramos, es decir, tres raciones de carne –preferiblemente blanca–. Supondría reducir en dos tercios el consumo actual.

El impacto ambiental del sobreconsumo de carne es muy grave y las consecuencias del modelo de ganadería industrial y sus macrogranjas –que lo instigan– son nefastas. Frenar las macrogranjas también es posible: otros países de la Unión Europea ya trabajan para reducir la ganadería intensiva en favor de modelos más sostenibles.

Ahora, el Ministerio de Consumo ha lanzado un proyecto de ley para fomentar la alimentación sana y sostenible en los centros educativos y también propone reducir el consumo de carne. Desde Greenpeace, enviamos nuestras aportaciones para hacer que esta ley sea aún más ambiciosa y contundente, a la altura de la actual crisis ambiental y de lo que exige la ciencia. De aprobarse, debería aplicarse en todos los centros educativos y ayudaría a la necesaria y urgente transformación del sistema agroalimentario. 

Suma tu firma para acabar con las macrogranjas. Si ya lo has hecho, por favor, comparte la petición:

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La sequía prolongada y las temperaturas extremas hacen que nuestros bosques sean un polvorín. Independientemente de la causa del fuego (rayo, accidente, quemas, etc.), el monte arde y las llamas se propagan con facilidad debido a la sequedad, la falta de gestión y el abandono. Las comunidades autónomas no ponen los medios necesarios para gestionar el territorio y las consecuencias son nefastas. Por eso, pedimos al Gobierno una estrategia nacional de gestión de nuestros bosques, que asegure, en el ámbito autonómico:

Campañas y acciones para reducir la siniestralidad, dado que el 95% de los incendios son de origen humano.

• Una gestión forestal continua que se centre en la gestión
  del combustible en los montes.
• La revitalización del ámbito rural y su economía para promover paisajes menos vulnerables.
• La dotación de más recursos al sector forestal.

Asimismo, llevamos tiempo alertando del peligro de la contaminación de las aguas en las zonas quemadas. En Verín (Ourense), hemos documentado el impacto que tienen las cenizas que arrastran las lluvias después de los incendios y pedimos que se adopten medidas inmediatamente. ¿Cómo? Con una serie de medidas provisionales, como echar paja, construir pequeños diques o extraer la madera quemada, para que se minimice la erosión del suelo, se prevenga la contaminación de las aguas y los ecosistemas puedan recuperarse.

Firma para pedir al Gobierno la protección de nuestros bosques:

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¿Sabías que el 44% de nuestras masas de agua subterránea está en mal estado? Esta es la conclusión del último informe sobre los planes de tercer ciclo (2022-2027) presentado por las confederaciones hidrográficas, que analizamos en un extenso estudio elaborado juntamente con Datadista; podéis consultarlo en nuestra página web.

Se están esquilmando y contaminando nuestros acuíferos, que constituyen nuestra reserva de agua para el futuro. Esta situación es insostenible y debe revertirse. España ha descuidado sus aguas subterráneas y corre el riesgo de incumplir los objetivos ambientales fijados en la Directiva Marco del Agua.

¿Cómo hemos llegado a esta situación? La razón es que se ha permitido la sobreexplotación por encima de la regeneración que permite el ciclo del agua, y se han contaminado las aguas a pesar de ser una fuente de abastecimiento humano de primer orden. 

El 27% de las masas de agua subterránea en España se declara en mal estado cuantitativo; es decir, se extrae más agua de la que es capaz de reponer el ciclo natural. El 30% se encuentra en mal estado químico, lo que significa que el nivel de contaminación supera los niveles máximos para la salud humana. Y el 14% se declara en mal estado cuantitativo y químico.

¿Y quiénes son los responsables? Las grandes empresas agroganaderas (la oligarquía del campo), los organismos de cuenca (las asociaciones y sindicatos de regantes), los grupos de presión, las compañías distribuidoras de productos agrícolas y de alimentos, las grandes constructoras, el Ministerio de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico y las comunidades autónomas.

Desde Greenpeace, pedimos enderezar urgentemente la política hídrica del país. Tener el 44% de las reservas de agua en mal estado es una irresponsabilidad, y más aún a la luz de la emergencia climática en la que estamos