Una dura lucha con recompensas

Su protección, esencial para preservar los ecosistemas marinos, es el resultado de 20 años de campañas de las organizaciones ecologistas.

Con la creciente sobreexplotación de los recursos costeros y las mejoras tecnológicas, en las últimas décadas, las flotas pesqueras han llegado a caladeros cada vez más profundos. En esas zonas, los peces suelen ser muy longevos (algunos viven más de 100 años), crecen más despacio, maduran tarde (a veces, pasados los 20 años) y su fecundidad es baja. Por todo ello, son mucho más vulnerables a la explotación. Además, en muchas de estas zonas profundas, durante cientos de años, se formaron ecosistemas que pueden ser literalmente arrasados por la pesca de arrastre, como montes submarinos, corales de agua fría, campos de esponjas o fuentes hidrotermales.

Como en otros casos, la explotación comercial de los recursos del océano profundo llegó mucho antes de que tuviéramos suficiente información sobre su distribución y ecología. A principios de los 2000, organizaciones como Greenpeace iniciaron una intensa campaña para reclamar su protección; y ante la pasividad de los Gobiernos, pedimos a la ONU acciones urgentes para garantizar su conservación en aguas internacionales.

En 2004 y 2005, barcos de Greenpeace documentaron, en el Atlántico norte y el Pacífico sur, el grave impacto de las flotas de arrastre de profundidad en estos ecosistemas vulnerables.

La primera victoria llegó en 2006: la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución que urgía a los países a asegurar que sus flotas pesqueras no dañaran ecosistemas profundos y, en caso contrario, a revocar las licencias de pesca de sus barcos en aguas internacionales. El cumplimiento de la resolución fue escaso y lento, y la ONU aprobó otras resoluciones, a partir de 2009, para imponer requisitos añadidos a la expansión a nuevas zonas.

Estas resoluciones pretendían proteger ecosistemas vulnerables en alta mar, fuera de las aguas territoriales; pero, por supuesto, en estas últimas también hay ecosistemas vulnerables, como ocurre con las aguas comunitarias. La UE adoptó un reglamento específico, tras otra larga y trabajosa lucha, ya que países como España, con su potente industria pesquera, pusieron todos los obstáculos posibles. El reglamento –cuya primera propuesta se presentó en 2012, pero que no se aprobó hasta 2016– prohíbe la pesca de arrastre a partir de los 800 metros de profundidad y requiere la identificación y protección de ecosistemas vulnerables a entre 400 y 800 metros. Los cierres aprobados el pasado septiembre tenían que haberse realizado ya, según este reglamento, en enero de 2018; durante estos cuatro años, muchas zonas han continuado abiertas, por ejemplo, a la pesca de arrastre.

El cierre de estos 16.000 km² supone un gran avance para la conservación de estos ecosistemas en Europa. Pero queda mucho por hacer. Pasados 16 años de la primera resolución de la ONU, las ONG seguimos reclamando a los países y a las organizaciones regionales de pesca que cumplan sus compromisos. Y esperamos que el nuevo Tratado de los Océanos, en el que trabajamos incansablemente, contribuya a proteger estos ecosistemas en todo el mundo