Una transición energética urgente con y para la gente

En Greenpeace trabajamos con esperanza y optimismo, porque sabemos que la pataleta y la rabia no llevan a ningún lado. Toca movilizarnos, pensar en soluciones y ponerlas en marcha.

Ya estamos en diciembre y, a pesar de que el verano nos queda algo lejos, es difícil —‍por no decir imposible— olvidar las temperaturas extremas que hemos vivido este año. No es una impresión, es una realidad. Según un estudio reciente del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), publicado en la prestigiosa revista The Lancet Regional Health – Europe, unas 70.000 personas podrían haber muerto a causa de las sucesivas olas de calor durante el verano de 2022 en Europa. Según el programa Copernicus, 2022 fue el segundo año más caluroso registrado en el continente. En 2023 las cosas no han mejorado; más bien ha sucedido lo contrario.

La tendencia parece clara, pero las preguntas que debemos plantearnos, llegados a este punto, son dos: ¿es posible cambiar esta tendencia? y ¿estamos dispuestos a imaginar otro futuro? Nuestra respuesta a estas dos cuestiones es contundente: sí y sí. Poner de nuestra parte es necesario, pero no suficiente. Por eso pedimos, y más ahora que se estrena un nuevo Gobierno en España, que las instituciones legislen y se pongan manos a la obra para lograr la descarbonización completa de aquí a 2040. A la vista de lo que está ocurriendo con y en el planeta, tomar medidas drásticas para frenar la emergencia climática ya no parece una opción: es una necesidad real. En Greenpeace trabajamos con esperanza y optimismo, porque sabemos que la pataleta y la rabia no llevan a ningún lado. Toca movilizarnos, pensar en soluciones y ponerlas en marcha.

A continuación, te presentamos nuestras demandas y, para demostrar que no perseguimos una quimera y que lo que pedimos se puede llevar a cabo si hay voluntad política, hemos mirado a nuestro alrededor. ¿Qué se está haciendo en otros lugares y qué podemos aprender? ¿Existen alternativas al modelo actual? Una vez más, lo volvemos a tener claro: ¡sí! ¡Por supuesto que existen alternativas!

 

A
AMBICIÓN CLIMÁTICA PARA ALCANZAR EMISIONES NETAS CERO EN 2040

1
Aumentar los objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para no superar el límite de 1,5 °C. Ello implica establecer objetivos para recortar las emisiones al menos un 55 % en 2030 respecto a 1990 y lograr la descarbonización completa en 2040, reducir la demanda energética a la mitad para ese mismo año, aumentar la electrificación e impulsar las renovables.

En 2022, Reino Unido y Alemania han reducido sus emisiones, respectivamente, un 42 % y un 33 % con respecto a 1990 y tienen objetivos del 68 % y el 65 % en 2030. En los últimos meses, los Gobiernos de ambos países han propuesto políticas que debilitan dichos umbrales, pero los progresos realizados hasta ahora demuestran que, con voluntad política, disminuir las emisiones es posible.

 

2
Invertir cerca del 5 % del PIB anual en medidas de transición ecológica justa y de adaptación a la emergencia climática y destinar al gasto “verde” un 30 % real de los Presupuestos Generales del Estado.

Varios estudios señalan que España invierte menos de lo que requiere la transición ecológica. Según nuestros cálculos, deberían asignarse 50.000 millones de euros al año para entrar en “números verdes”. En los Presupuestos Generales del Estado para 2023, el Gobierno señaló que gastaría 30.000 millones de euros en luchar contra el cambio climático. Sin embargo, solo 13,5 millones de euros se destinaron realmente a dicho fin. Aun así, y a pesar de no ser la situación ideal, nunca antes se habían dedicado tantos recursos a la transición verde. Pensamos que los nuevos inicios son siempre buenas oportunidades para cambiar el rumbo y todas nuestras esperanzas están puestas en el arranque de esta legislatura y en una transición ecológica justa, cuyos beneficios sean accesibles a la mayoría de la población.

3
Instaurar un Pacto de Estado Ecológico para hacer frente a la emergencia y proteger la acción climática y la transición energética de vaivenes partidistas en todas las administraciones públicas.

La región de Bruselas ha creado una Asamblea Ciudadana permanente, que, además de proponer políticas públicas, evalúa de forma continua los progresos conseguidos. Es una forma de mejorar la democracia participativa y facilitar que se mantenga el progreso en la acción climática. Independientemente del partido gobernante, ciudades como Ámsterdam llevan años aplicando políticas para fomentar una movilidad sostenible (basada en la bicicleta y la cercanía) y reducir la cantidad de coches en las calles, con lo que han mejorado la calidad de vida de sus habitantes.

4
Garantizar una sanidad pública accesible y universal y reforzar la política de salud pública para adaptarse a las emergencias y cambios derivados de la crisis climática y de biodiversidad.

Muchas de las medidas que se llevaron a cabo en 2020 y 2021 para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la covid-19 sirvieron también para reforzar las medidas necesarias a la hora de abordar la emergencia climática. La crisis puso en evidencia qué sectores son útiles para el cuidado de la vida y de las comunidades. Garantizar un sistema sólido de protección social eficiente y unos servicios públicos robustos que no dejen a nadie atrás es fundamental para hacer frente al futuro. Para ello, es crucial una sanidad pública, accesible y universal.

 

B
ENERGÍA LIMPIA, RESPETUOSA CON LA BIODIVERSIDAD Y EN MANOS DE LAS PERSONAS

5
Democratizar el sistema energético para acabar con los beneficios de los oligopolios y para que la ciudadanía pueda tomar un papel proactivo (tal y como dictan las directivas europeas y nacionales). Para ello, es imprescindible asegurar la independencia de los órganos reguladores y decisorios e impedir las “puertas giratorias”.

En Canadá, se establece por ley que, al término de su mandato, los políticos de alto rango deben esperar cinco años antes de poder entrar en el sector privado. Además, si deciden vincularse al mismo, no pueden volver a ocupar cargos públicos de relevancia.

6
Establecer procedimientos ágiles y transparentes para desbloquear el autoconsumo colectivo, hecho que podría beneficiar al 70 % de la población en España y permitiría desarrollar comunidades energéticas, que tantos beneficios económicos, sociales y ambientales pueden generar en los municipios.

En Alemania hay más de 1.700 comunidades energéticas, que se rigen mediante un marco regulatorio específico, que promueve y financia la participación y que apoya una transición energética protagonizada por las personas.

7
Garantizar un despliegue de las renovables ambicioso y respetuoso con las personas y la biodiversidad, de forma ordenada y participativa.

¿Sabías que, en Países Bajos, las Estrategias Energéticas Regionales reservan a las comunidades locales una cuota de participación económica del 50 % en los proyectos de energías renovables? El promotor del proyecto, junto con el delegado de Medio Ambiente y la autoridad competente de la zona, elaboran un plan de participación específico para cada iniciativa. Estos planes describen qué partes interesadas existen y abordan sus dudas, preocupaciones y deseos; también definen cómo y cuándo intervendrán las comunidades en el proyecto y de qué forma se pueden implicar desde etapas tempranas.

8
Gestionar de manera ordenada y segura el cierre y desmantelamiento de las centrales nucleares, en un plazo compatible con la integración creciente de la energía renovable, para alcanzar un sistema eléctrico 100 % verde en 2030.

Y volvemos a Alemania. Después de 60 años, en abril de 2023 se remató la desconexión de las centrales nucleares, con el apagado de las tres últimas plantas: Isar 2, Emsland y Neckarwestheim 2. Estas cubrían el 5 % de la energía consumida por el país. Es la primera economía europea que renuncia definitivamente a la energía atómica.

9
Establecer la hoja de ruta para dejar de quemar gas fósil en la producción de energía eléctrica de aquí a 2030, e implantar la misma medida en los demás sectores de aquí a 2035; asimismo, detener las nuevas inversiones y subvenciones al gas y otros combustibles fósiles, incluyendo la reapertura de la planta de El Musel, en Asturias.

En los últimos años, varios países han logrado abastecer sus sistemas eléctricos casi al 100 % con energía renovable. Hablamos de Noruega, Islandia, Costa Rica, Uruguay y Lesoto. Su transición hacia un modelo energético limpio y sostenible es un ejemplo que seguir. Si ellos casi han conseguido prescindir de los combustibles fósiles, ¿por qué no podemos hacerlo los demás?

10
Evaluar el papel del hidrógeno renovable y sus derivados y de las energías basadas en la biomasa, con el fin de reservar su uso a sectores difícilmente electrificables y así evitar daños significativos ligados a un despliegue masivo.

Corea del Sur se ha convertido en un país pionero en el campo del hidrógeno, con una estrategia innovadora, una regulación sólida y una infraestructura muy desarrollada. Estas políticas pretenden convertir al país asiático en uno de los líderes en la producción y uso del hidrógeno verde en la industria. Aun siendo un ejemplo, se han cometido varios errores: hasta ahora han consumido, sobre todo, hidrógeno procedente del gas fósil. También tiene que mejorarse la regulación para dirigir el hidrógeno verde solo a sectores de difícil electrificación.

11
Aplazar las inversiones en el H2Med, que llevan asociada la sobregeneración de electricidad renovable para producir y exportar hidrógeno sin que se garantice que este último sea de origen exclusivamente renovable.

Pongamos como ejemplo la fabricación de acero verde, factible pero que requiere grandes cantidades de energía e hidrógeno. Suecia es pionera en la producción de acero libre de emisiones y utiliza para ello hidrógeno verde producido localmente, con lo cual evita tener que transportarlo largas distancias. El sector de la producción y reciclaje de acero es uno de los más difíciles de electrificar y el empleo de hidrógeno renovable, aunque sea ineficiente, es lógico. Esta estrategia es muy diferente a la propuesta de Enagás para el H2Med, que consiste en exportar a la industria centroeuropea el hidrógeno renovable producido en la península ibérica; en lugar de esta exportación, tendría más sentido darle uso nacional para cubrir la demanda no electrificable.

12
Prohibir la publicidad y los patrocinios de combustibles fósiles, incluyendo la publicidad engañosa.

Francia ha sido el primer país europeo en prohibir la publicidad de combustibles fósiles: la Ley del Clima y la Sostenibilidad, en vigor desde el 22 de agosto de 2022, impide a los proveedores de energías no renovables promocionar sus productos. Es un paso importante, pero también tiene grandes lagunas; por ejemplo, se exime de la prohibición a empresas que, si bien no comercializan directamente combustibles fósiles, son grandes emisoras, como los fabricantes de coches, las compañías aéreas o las de cruceros. Tampoco regula los patrocinios.

13
Prohibir cualquier subvención o incentivo que fomente el uso de energías sucias o peligrosas y redirigir esos fondos a las personas y comunidades afectadas directamente por la transición energética.

A raíz de la guerra en Ucrania, tanto Francia como España subvencionaron la gasolina y el diésel entre 15 y 20 céntimos por litro durante el año pasado. El Gobierno galo, a diferencia del nuestro, ya ha anunciado en varias ocasiones que pretende poner fin a la financiación de los combustibles fósiles y no volver a ofrecer descuentos a costa de las arcas públicas. Sin embargo, en Francia, tal y como ocurre aquí, aún quedan por eliminar muchas subvenciones y subsidios, tanto directos como indirectos; pero es un buen comienzo.

14
Sustituir el actual bono social por una tarifa social que fomente la electrificación y la eficiencia y que asegure el suministro de un mínimo básico de energía asequible a familias en situación de vulnerabilidad.

Un estudio del Öko-Institut muestra que la reducción de subvenciones al gas y al petróleo en los hogares genera un uso más inteligente del presupuesto nacional. Por tanto, compensa centrar el apoyo financiero en quienes más lo necesitan a través de compensaciones, así como poner en marcha medidas de eficiencia energética y energías renovables a corto y medio plazo. Con un coste de inversión total estimado de 7.150 millones de euros a largo plazo, este programa puede ayudar a los hogares vulnerables a ahorrar hasta 8.100 millones de euros en energía.

 

C
DERECHO A UNA VIVIENDA DE CALIDAD Y SOSTENIBLE

15
Establecer un Plan de Descarbonización de Edificios de aquí a 2035 y rehabilitar energéticamente 250.000 edificios y viviendas al año durante el próximo sexenio; deberá priorizarse la rehabilitación de hogares en situación de vulnerabilidad (con un mínimo de un 30 % anual del total rehabilitado), así como impulsar programas de lucha contra la pobreza energética y de regeneración urbana.

En un solo año, Italia ha destinado 8.000 millones de euros a subvencionar la rehabilitación de viviendas, el doble del gasto total previsto en España por nuestro Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia para el periodo 2021-2026.

Reino Unido es un buen ejemplo de programas gubernamentales de rehabilitación dirigidos al sector de edificios en alquiler para personas vulnerables. Allí, desde 2018, a los propietarios no se les permite alquilar propiedades que tengan un certificado energético inferior a E (y, en los próximos años, se exigirá como mínimo el C). En Francia funciona un programa similar y no se pueden alquilar viviendas con un consumo energético superior a 450 kWh/m² anuales. En el país galo, estos estándares se seguirán reforzando de aquí a 2034; además, en agosto de 2022, se congeló el alquiler de las viviendas de clase energética F y G.

16
Desarrollar un programa de edificios públicos de cero emisiones para mejorar su eficiencia energética, destinar las azoteas a la instalación de paneles solares, garantizar un consumo 100 % renovable (en especial con autoconsumos colectivos) y eliminar todos los materiales tóxicos de hospitales, centros de salud, escuelas o centros administrativos, entre otros.

Llegan buenas noticias del Parlamento Europeo: ¡la nueva directiva sobre eficiencia energética de los edificios ya está en tramitación! Esta normativa pretende aumentar la tasa de rehabilitaciones de edificios para reducir su consumo de energía y sus emisiones contaminantes. Si se aprueba y se traspone a las normativas nacionales, todos los edificios nuevos deberán tener cero emisiones a partir de 2028. En el caso de los públicos, la fecha límite es 2026. Para los edificios residenciales ya construidos (la mayoría), el plazo se alarga hasta 2032.

 

Calculadora solar

¿Sabes cuál es la orientación de tu tejado y cuántos kWh consumes al año? Si quieres calcular cuánto dinero te ahorrarías instalando una placa solar, tenemos la herramienta que necesitas:  ¡Utiliza la calculadora y averígualo!

Guía de autoconsumo solar

Que no te engañen: poner tus propios paneles solares no es tan complicado como quieren hacerte creer. ¿Sabías que ni siquiera necesitas un tejado en propiedad? Instalar placas, ya sea en casa, cerca o incluso lejos, y generar tu propia energía renovable es una de las soluciones más eficaces para hacer frente al elevado precio de la energía y contribuir con tu granito de arena a frenar el cambio climático. Greenpeace te ofrece esta Guía de autoconsumo para que te animes a dar el primer paso. Encontrarás diferentes opciones: elige la que se ajuste mejor a tus necesidades y descubre cómo implementarla paso a paso. ¡Autoproducir tu propia energía no es caro ni difícil! Descarga la guía aquí

17
Desarrollar programas para la electrificación integral de la demanda para hogares y pymes solo con energías renovables y autoconsumo (individual o colectivo).

“El autoconsumo, especialmente el autoconsumo colectivo basado en tecnologías renovables, es una herramienta eficaz para reducir los niveles de pobreza energética. Las características intrínsecas de la tecnología solar fotovoltaica (…) y de la tecnología eólica (…), y la disponibilidad del recurso solar y del recurso eólico en los mismos emplazamientos donde se presenta el problema de pobreza energética, convierten a estas tecnologías en las más apropiadas para realizar proyectos de autoconsumo con este fin”. Esto no lo decimos nosotros: procede de la hoja de ruta del autoconsumo asociada al Marco Estratégico de Energía y Clima del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Y no tenemos nada más que añadir.

 

D
MOVILIDAD MÁS INTELIGENTE Y SALUDABLE

18
Aprobar una ley de movilidad sostenible y financiación del transporte que incluya objetivos claros de descarbonización e impulse el transporte público, la electrificación, la bicicleta y los sistemas multimodales; es la forma de garantizar que podamos movernos de forma más eficiente, sostenible, justa e inclusiva en todo el país.

El transporte público contribuye a casi el 30 % de las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que es imprescindible garantizar el derecho a un transporte sostenible, competitivo y asequible, que permita a la ciudadanía prescindir del automóvil en sus desplazamientos diarios.

19
Implantar un abono único de transporte, que incentive el uso del servicio público en todo el país y tenga un precio asequible para toda la ciudadanía, mediante un sistema tarifario integrado.

Ya hay países con este sistema en marcha. Austria fue pionera con la tarifa plana universal en la región de Viena, el llamado Klimaticket, que permitía inicialmente viajar por un euro al día utilizando cualquier medio de transporte de esa región. Recientemente, la tarifa se ha extendido a todo el país, e incluye trenes de larga distancia por tres euros al día. Desde 2022 también existe un abono único en Alemania y, en 2023, se han sumado a este modelo países como Hungría, Portugal o República Checa. Francia ha anunciado que estudia su implantación.

20
Reforzar la oferta de transporte público, que deberá ser asequible, de calidad e intermodal; además de promover una red regional integrada, con frecuencias de paso suficientes y coordinada entre los distintos modos de transporte.

Este sistema, muy habitual en Suiza, Alemania, Austria o Países Bajos, pretende mejorar las conexiones y facilitar la intermodalidad y las frecuencias. En estos países, el tren y el autobús funcionan como servicios complementarios: el autobús facilita el acceso desde los pueblos a las estaciones ferroviarias más cercanas y complementa una red de calidad e intermodal.

21
Alcanzar el 100 % de la electrificación del tren como mecanismo central de vertebración económica y territorial en 2030, tanto para el transporte de pasajeros como para el de mercancías.

El uso correcto de los fondos Next Generation de la Unión Europea debe permitir avanzar en las mejoras necesarias en este ámbito. Esta financiación tiene que destinarse a obras que modernicen el trazado y reduzcan las emisiones.

22
Seguir impulsando las inversiones en los trenes regionales, de media distancia y de cercanías, así como mejorar las conexiones transfronterizas con los países vecinos y recuperar los trayectos nocturnos.

Los trenes nocturnos están resurgiendo en Europa gracias al impulso de la Comisión y de varios Gobiernos, lo que abre la posibilidad de recorrer el continente de forma más sostenible. A pesar de que en los últimos años han desaparecido muchas rutas nocturnas europeas (en España, todas), estos trenes fueron un símbolo durante siglo y medio. El Orient Express, por ejemplo, cruzaba todo el continente. ¿Sabías que, en España, el Trenhotel Alhambra conectaba Barcelona y Granada y el Antonio Machado, Barcelona y Cádiz? Países como Austria, Bélgica o Francia llevan un par de años trabajando en la recuperación de estas rutas. Este renacimiento está liderado por la red Nightjet de los Ferrocarriles Federales Austriacos (ÖBB), que conecta ya algunas de las principales ciudades europeas.

23
Avanzar hasta el 18 % en el objetivo de transporte de mercancías por ferrocarril de aquí a 2030, y acercarnos así a la media europea.

La cuota del transporte de mercancías por ferrocarril en España, en torno al 4 %, sigue en un nivel muy inferior a la de otros países europeos, donde la media se sitúa en el 18 %. En Francia, Italia y Alemania, la cuota es del 14 %, el 12 % y el 23 %, respectivamente.

24
Adaptar la oferta de transporte a las necesidades de la población rural, con soluciones de movilidad específicas para núcleos de baja densidad, por ejemplo, servicios de transporte a demanda, movilidad compartida o rutas dinámicas de autobús.

Ya existen ejemplos en nuestro país, como el programa Andalucía Rural Conectada: cuenta con 44 rutas y una red total de 1.215 kilómetros, que cubre 95 municipios. En este sistema, los viajes con horarios predeterminados pueden reservarse 24 horas antes mediante una llamada.

25
Finalizar de aquí a 2028 la comercialización de nuevos turismos de combustión interna (incluidos híbridos y de gas) para lograr un parque automovilístico con cero emisiones en 2040.

Europa ha fijado como objetivo vinculante para 2035 que los coches nuevos funcionen con combustibles neutros en CO₂. No obstante, seguimos demandando que se dejen de vender vehículos de combustión de aquí a 2028, ya que esta fecha es la que nos permitiría cumplir con el objetivo de frenar el calentamiento global. Un buen ejemplo es Noruega, donde se dejarán de vender coches con motor de combustión interna en 2025.

26
Revisar y modificar el actual sistema de etiquetado de vehículos para que esté basado en las emisiones reales de cada modelo, lo que ayudará a asegurar la eficacia de las Zonas de Bajas Emisiones.

Las ZBE deben servir para reducir la circulación de vehículos de combustión y no como un “plan renove”. Las ZBE ya han demostrado su eficacia en ciudades como Madrid, Londres o Milán. Pero las actuales etiquetas de la DGT no consideran el CO₂ emitido, sino únicamente las sustancias contaminantes locales, como los óxidos de nitrógeno (NOx) o las nanopartículas. Sin embargo, ciertos coches, sobre todo los más grandes, pueden emitir muy poco NOx, pero son muy ineficientes en términos de CO₂. Seguimos trabajando para que la DGT revise y actualice sus criterios.

27
Avanzar en la electrificación del transporte público y del vehículo privado, así como en la disponibilidad de puntos de recarga para todos los vehículos eléctricos.

¿Sabías que el 80 % de los coches nuevos que se venden en Noruega son eléctricos? El país escandinavo está a la vanguardia del cambio hacia la movilidad impulsada por energía eléctrica. Electrificar las redes de transporte público y la flota de vehículos privados (a la vez que se reduce esta última en número y tamaño) es una medida eficaz y totalmente necesaria.

28
Favorecer el uso compartido del vehículo eléctrico mediante infraestructuras específicas e incentivos.

Ya existen numerosas iniciativas que promueven la movilidad compartida y eléctrica y reducen la necesidad de tener vehículo propio; un ejemplo es el alquiler de vehículos eléctricos por horas.

29
Incentivar planes de transporte al trabajo obligatorios para los grandes centros generadores de movilidad (polígonos industriales, sedes de empresas, eventos, etcétera), así como fomentar, en la negociación colectiva, los acuerdos de teletrabajo para mejorar la conciliación familiar y los cuidados, combatir la salubridad de las ciudades y cuidar el medio ambiente.

Añadir un día más de teletrabajo a la semana podría evitar la emisión diaria de 406 toneladas de CO₂ en Madrid y de 612 toneladas en Barcelona; es decir, las emisiones del transporte de viajeros en estas dos ciudades se reducirían un 3 %, cifra que podría alcanzar el 5 o 6 % si se añadieran dos días por semana en lugar de solo uno.

30
Implantar medidas que reduzcan los impactos medioambientales del transporte aéreo, por ejemplo, eliminar sus privilegios fiscales y prohibir los vuelos domésticos entre ciudades para las que exista una alternativa ferroviaria adecuada de menos de seis horas de trayecto (el Reglamento de Servicios Aéreos de la UE permite a los Estados miembros limitar o denegar el ejercicio de los derechos de tráfico aéreo cuando existan problemas medioambientales graves).

Desde mayo de 2023, una ley francesa prohíbe los vuelos nacionales de corta distancia para trayectos que puedan realizarse en tren en dos horas y media. En España esta medida ya está sobre la mesa y se ha propuesto para la próxima legislatura la prohibición de vuelos internos cuando exista una alternativa en tren de hasta dos horas y media de trayecto.

31
Prohibir los jets privados, como símbolo de justicia social y compromiso en la lucha contra la crisis climática, ya que son el modo de transporte más contaminante e injusto que existe.

Varios ministros de distintos países europeos debaten ya distintas formas de frenar las emisiones de la aviación y la injusticia climática que hay detrás de ellas, incluida una reducción en toda la UE del uso de aviones privados y de los vuelos de corta distancia.

32
Promover campañas de sensibilización y concienciación sobre la importancia de una mayor movilidad sostenible, que favorezcan la transición hacia modos menos contaminantes y que no dejen a nadie atrás.

¡Ese es nuestro objetivo! Porque, gobierne quien gobierne, no cejaremos en nuestro empeño por frenar la emergencia climática y conseguir un entorno saludable para todos y todas.

 

No hablamos de utopías ni de imposibles, sino de medidas que se pueden adoptar si hay voluntad política.

Greenpeace está preparada para abrazar el cambio y esperamos que, en esta nueva legislatura, exista la voluntad y se dé el empujón necesario a todas estas propuestas.

Cambiar las cosas se ha vuelto imperativo. Por suerte, y gracias a quienes formáis Greenpeace, los socios y las socias, podemos luchar para hacer realidad este cambio tan necesario.

Texto: Cristina Arjona, Queralt Castillo, Francisco del Pozo, Carlos García, Jose Luis García, Sara Pizzinato, María Prado y Pedro Zorrilla