Las vacas presas

El proyecto de Valle de Odieta, en un pueblo de 156 habitantes, condena a 20.000 vacas y a sus descendientes a cadena perpetua y a no ver jamás la luz del sol. Abarca 350 hectáreas de suelo urbanizable común, distribuidas en 154 para zona de servicios y planta de biodigestión y 230 para zona de forraje y pastos. Se prevén desmontes de hasta 5 metros y alturas máximas de 21 metros. A ello se ha de añadir el consumo de grandes cantidades de agua, la importante generación de residuos, la emisión de gases a la atmósfera y el enorme impacto en el terreno, las aguas y el paisaje.

La sociedad promotora defiende que el proyecto no influye en el modelo territorial de Noviercas, que no afecta a la clasificación del suelo ni modifica la actividad agrícola ganadera como uso tradicional, que los impactos están contemplados y debidamente minimizados en los documentos ambientales,
y que ayuda a evitar la despoblación y a crear puestos de trabajo.

La realidad es que este tipo de proyectos de contenido netamente industrial no tienen ninguna vinculación con el territorio y su entorno: responden a intereses económicos ajenos a estos últimos y no ayudan a fijar población. Su instalación en suelo rústico es meramente instrumental (no se permiten en suelo urbano) y ajena a los intereses del mundo rural.

Por eso debemos reivindicar la racionalidad de las decisiones administrativas, la coherencia de la utilización del suelo con las necesidades objetivas de la comunidad y la adecuada ordenación territorial (según lo estipulado en el artículo 9.3 de la Constitución española), así como el derecho al medio ambiente como límite legítimo a la actividad económica, sin que invocar el desarrollo y la creación de puestos de trabajo sea suficiente para imponerse a los valores medioambientales, históricos y paisajísticos (artículo 45 de la Constitución).

Hasta la fecha, el esfuerzo, la dedicación y el trabajo de vecinos y organizaciones ambientales, entre ellas Greenpeace, han conseguido que no se construya esta cárcel para vacas. La aprobación del Real Decreto 1053/2022, de 27 de diciembre, deja descartado el encaje jurídico del proyecto. Pero la promotora no ceja en su empeño y anuncia que lo va a recurrir.