BUENOS PROPÓSITOS MEDIOAMBIENTALES 2026
Un nuevo año nos trae a la cabeza propósitos y objetivos para los próximos 12 meses. En Greenpeace lo hacemos todos los años. Lo llamamos planificación. En el balance de este 2025, ha habido victorias que nos renuevan las ganas para seguir con distintos frentes que te contamos aquí.
MOVILIDAD
¿De dónde partimos?
La movilidad en España sigue dominada por el coche privado contaminante, responsable de graves problemas de salud: unas 25.500 muertes prematuras al año por la contaminación del tráfico. El transporte es, además, el mayor emisor de GEI (33 % del total) y depende principalmente del petróleo.
El modelo es injusto: más del 40 % de la población no tiene coche, pero el 70 % del espacio público sigue reservado a él. Urge cambiar el paradigma y poner en el centro a las personas, la movilidad activa y el transporte público.
Propósitos 2026
Como explica Cristina Arjona, coordinadora de campaña de movilidad de Greenpeace, el objetivo para 2026 es que el Gobierno implante el abono único de transporte público estatal (T-Lleva): un título asequible y válido en todo el país para el transporte urbano e interurbano. Más de 200.000 personas ya han apoyado esta propuesta, que el Ministerio de Transportes anunció que será realidad en 2026.
«Defendemos que se financie con una fiscalidad justa que penalice los modos más contaminantes y de lujo, como el queroseno de aviación o los jets privados. Asimismo, esperamos que para 2026 la Ley de Movilidad Sostenible esté plenamente operativa, garantizando un marco legal y fiscal que reoriente las subvenciones hacia el transporte verdaderamente sostenible», añade Arjona.
¿Qué deben hacer las partes implicadas?
Greenpeace pide celeridad y transparencia para que el abono único entre en funcionamiento cuanto antes y no más allá de 2026. Debe ser una medida estable y permanente, con colaboración real entre Gobierno, comunidades y ayuntamientos. El abono ha de ir acompañado de una mejora notable del transporte público: más frecuencias, puntualidad, fiabilidad y mayor cobertura, especialmente en zonas rurales e insulares, en línea con la propuesta de Garantía de Movilidad que también ha presentado Greenpeace.
«También reclamamos eliminar las subvenciones a modos insostenibles como la aviación y dirigir esos fondos al transporte público y la movilidad activa. Por otro lado, en 2026 deben funcionar zonas de bajas emisiones bien diseñadas, con más transporte público, carriles bici y espacios peatonales. Administraciones, empresas y ciudadanía deben apostar por transportes limpios y reducir el uso del coche en la medida de lo posible», ha comentado Arjona.
Defendemos que se financie con una fiscalidad justa que penalice los modos más contaminantes y de lujo, como el queroseno de aviación o los jets privados. Asimismo, esperamos que para 2026 la Ley de Movilidad Sostenible esté plenamente operativa, garantizando un marco legal y fiscal que reoriente las subvenciones hacia el transporte verdaderamente sostenible.
LITIGIO CLIMÁTICO
¿De dónde partimos?
2025 fue el año en el que se produjeron dos hitos históricos en derecho medioambiental. Primero, con la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que establecía la obligación de los Gobiernos de adoptar «acciones urgentes y efectivas» para salvaguardar el derecho a un medio ambiente saludable, así como la obligación de las empresas respecto al cambio climático y sus impactos en los derechos humanos.
El segundo hito se producía el 23 de julio y procedía de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). El máximo tribunal, con sede en La Haya, establecía que los Estados deben adoptar todas las medidas a su alcance para garantizar el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible.
Ambas resoluciones, sumadas a las que se produjeron en 2024 (primero por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el caso Klimaseniorinnen, en el que se condenaba a Suiza por no proteger a su población de los impactos del cambio climático, y después con la opinión del Tribunal Internacional de la Ley del Mar, que recogía que los Estados tienen la obligación de proteger el medio marino en el contexto del cambio climático), se pueden interpretar como un cambio de tendencia en el derecho internacional al situar la protección del clima y los derechos humanos por encima de intereses económicos.
Propósitos para 2026
Greenpeace, junto al resto de organizaciones que presentaron en 2024 ante el Tribunal Constitucional la demanda contra el Estado español por inacción ante el cambio climático (Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oxfam Intermón, Fridays For Future y La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo), espera que el Constitucional corrija la decisión del Tribunal Supremo, que desestimó dicha demanda en 2024.
No está claro si el fallo se producirá en 2026 o quizás haya que esperar a 2027, pero los hitos arriba señalados dan muchas razones para pensar que el caso dé un giro de 180º y el Tribunal Constitucional acabe dando la razón a las organizaciones demandantes.
Como continuación a este procedimiento, las organizaciones demandantes, junto con Save The Children, iniciaron en 2024 un nuevo procedimiento contra el nuevo Plan Integrado de Energía y Clima, dado que su modificación sigue sin contemplar una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero acorde con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París.
¿Qué deben hacer las partes implicadas?
Lo que se espera del Gobierno no es ni más ni menos lo que expresa con estas palabras Inés Díez, representante legal de Greenpeace España: «No vamos a parar hasta que España cumpla con sus obligaciones climáticas y tome las medidas necesarias para proteger a su ciudadanía frente al cambio climático».
Por su parte, el Tribunal Constitucional deberá acatar lo recogido en la Carta Magna, teniendo en cuenta, como explica Jaime Doreste, abogado de las entidades demandantes, que según nuestra Constitución, las normas relativas a los derechos fundamentales deben ser interpretadas de conformidad con los tratados internacionales ratificados por España: «De ahí que entendamos que la nueva interpretación que lleva a cabo la sentencia del TEDH debe ser plenamente acogida por el Tribunal Constitucional», concluye.
No vamos a parar hasta que España cumpla con sus obligaciones climáticas y tome las medidas necesarias para proteger a su ciudadanía frente al cambio climático.
OLAS DE CALOR
¿De qué escenario partimos?
Las olas de calor que cada verano azotan la península son cada vez más intensas y prolongadas, y se extienden a más territorios que nunca, agravando sus consecuencias.
Como señala Elvira Jiménez, responsable de campañas de Greenpeace, estas son ya el evento meteorológico que más muertes provoca en Europa y en España. Porque no se trata solo de golpes de calor, añade, sino del efecto de las temperaturas extremas en la población más vulnerable (personas mayores, con enfermedades respiratorias o cardíacas preexistentes, dependientes o mujeres embarazadas) en la que, además, las condiciones socioeconómicas reflejan la desigualdad en lo referente a la crisis climática. «Las muertes atribuibles al calor extremo superan las 14.000 desde 2022».
Propósitos para 2026
El informe de Greenpeace 10 años, 10 eventos meteorológicos extremos, basado en un estudio de investigadores del CSIC, revela cómo, por ejemplo, en la ola de calor de agosto de 2025, el cambio climático elevó la temperatura media en torno a 2 °C y multiplicó por seis la superficie expuesta a valores superiores a los 38 °C en nuestro país, en relación a cómo habría sucedido con menos calentamiento global. No hay tiempo que perder. Es urgente avanzar en la reducción de emisiones, el abandono de los combustibles fósiles y aplicar una fiscalidad justa que grave a la industria fósil: los grandes contaminadores deben pagar de una vez por todas por las pérdidas y los daños que causan para financiar con ello las políticas climáticas.
Jiménez aboga, igualmente, por avanzar en una visión estratégica y transversal de la adaptación al cambio climático, con foco social y la biodiversidad como aliada. Esto implica, por ejemplo, comenzar desde la educación y formación en autoprotección y los sistemas de alerta temprana. «Igual que ahora contamos con alertas que nos avisan de un temporal, también deberían existir alertas para las olas de calor».
Elvira Jiménez añade otra medida a corto plazo: los refugios climáticos. Se trata de instalaciones de competencia municipal (como centros culturales, bibliotecas, polideportivos…) que estén disponibles para la ciudadanía y cumplan con una serie de condiciones de temperatura, comodidad, accesibilidad y cercanía para los periodos de más calor. «Es necesario que se garantice su gratuidad para que todas las personas puedan utilizarlos, situarse de forma prioritaria en barrios donde exista más población vulnerable y tener un horario de apertura que permita usarse en los momentos de más calor».
Otro de los grandes propósitos a corto y medio plazo es el Pacto de Estado contra la Emergencia Climática, anunciado el pasado mes de agosto, y que Greenpeace llevaba reclamando desde hace tiempo. «Para que realmente sea efectivo, tiene que ser un pacto que trascienda a los ciclos políticos e intereses partidistas, que se base en la ciencia y que cuente con una participación real de la ciudadanía».
¿Qué cabe esperar de cada una de las partes implicadas?
Los ciudadanos tenemos en nuestra mano cuidar de nosotros mismos con medidas de autoprotección, pero también de los miembros de nuestra comunidad, especialmente los más vulnerables.
En cuanto a las Administraciones públicas, Elvira Jiménez añade la necesidad de diseñar estrategias políticas y planes que lleven las soluciones hasta el nivel local «con objetivos claros y presupuestos asignados» que apuesten por reforzar los servicios públicos, desde la respuesta en emergencia hasta la sanidad y los cuidados, e incluyan más medidas clave como la rehabilitación y descarbonización de viviendas. La renaturalización de las ciudades, que disminuye la temperatura y aumenta la permeabilidad de las urbes, es otra acción clave. «De esta crisis podemos salir como una sociedad y un territorio más resiliente, seguro, justo y habitable».
De esta crisis podemos salir como una sociedad y un territorio más resiliente, seguro, justo y habitable.
TRATADO GLOBAL DE LOS OCEANOS
¿De dónde partimos?
El Tratado sobre Diversidad Biológica Marina en Áreas fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ) o Tratado de Alta Mar es un hito histórico alcanzado tras más de dos décadas de negociaciones. Habiendo superado las 60 ratificaciones el 19 de septiembre de 2025, entrará en vigor el 17 de enero de 2026.
Este acuerdo establece el primer marco legal global para regular todas las actividades en alta mar, permitiendo su protección mediante la declaración de áreas marinas protegidas y el reparto equitativo entre todos los países de los beneficios derivados de la explotación de los recursos genéticos marinos. «Sus pilares son la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina. Una vez en vigor, será legalmente vinculante para todos los países», explica Ana Pascual, responsable de Océanos y Pesca en Greenpeace.
Propósito para 2026
Hoy, menos del 1 % de las aguas internacionales están protegidas. Por tanto, el objetivo ideal sería que en 2026 se designen las primeras áreas marinas protegidas (AMP) en aguas internacionales para alcanzar el objetivo 30×30 (proteger al menos el 30 % de las aguas internacionales para 2030) establecido en el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal (GBF).
Desde Greenpeace hemos identificado 4 áreas prioritarias a proteger en 2026:
- El sur del Mar de Tasmania y la colina Lord Howe (Pacifico Sur).
- Las cordilleras submarinas de Salas y Gómez y de Nazca (Pacífico Sur).
- El Mar de los Sargazos (Atlántico Norte).
- La zona de convergencia de las corrientes de Canarias y de Guinea (Atlántico Norte).
¿Qué cabe esperar de las partes implicadas?
. Respecto a las Administraciones, tras la entrada en vigor del Tratado, se deberá celebrar en el plazo máximo de un año la primera Conferencia de las Partes (COP) de océanos. Por esto, los Gobiernos deben empezar a trabajar inmediatamente hacia el objetivo 30×30 y llevar propuestas de áreas de aguas internacionales a proteger en la COP, así como apoyar el resto de propuestas para conseguir el mayor consenso posible.
. Los ciudadanos, por su parte, deben alzar la voz para exigir a los Gobiernos que cumplan con los compromisos establecidos en el Tratado, y empezar a trabajar desde ya para liderar la creación de áreas marinas altamente o totalmente protegidas en aguas internacionales.
. En cuanto a las empresas, se les pide que se comprometan con el objetivo 30×30 y apoyen activamente la creación de AMP en alta mar, reconociendo su papel fundamental en la conservación y el beneficio a largo plazo que esto supone para la sociedad. Deben convertirse en parte de la solución cuando han sido parte del problema.
Nuestro futuro y el de los océanos depende de la acción decisiva y coordinada de todos los actores en los próximos años.
Tratado de Alta Mar es un hito histórico alcanzado tras más de dos décadas de negociaciones
TRANSICIÓN ALIMENTARIA
¿De qué escenario partimos?
Una transición alimentaria en España no solo es necesaria y urgente, sino posible. Así lo señala el último informe de Greenpeace, Revolución Alimentaria: Urge una transición del inviable sistema actual a un modelo alimentario sostenible, que analiza el futuro del sistema alimentario español frente al cambio climático y la pérdida de biodiversidad.
El documento alerta de que el actual modelo alimentario es altamente dependiente de recursos importados, genera impactos negativos tanto en el Estado español como en terceros países, y contribuye al aumento de emisiones y la degradación ambiental. De mantenerse la tendencia actual, en 2050 la alimentación podría ser el sector con mayor nivel de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial.
Frente a este escenario, Greenpeace propone un Modelo Alimentario Sostenible (MAS) que, de aplicarse plenamente, podría convertir el sistema alimentario español en un sumidero de carbono para 2050, reducir la contaminación del agua por nitratos en un 57 % y aumentar el empleo un 35 %. El plan apuesta por la producción agroecológica, la relocalización de cultivos según la disponibilidad hídrica y necesidades hídricas de los cultivos, la reducción del consumo de carne industrial y la transición hacia un modelo de ganadería extensiva, el impulso de las legumbres en dieta y producción, la pesca artesanal y una drástica disminución del desperdicio alimentario.
Propósitos para 2026
Aunque el horizonte de transformación total se sitúa en 2050, para 2026 deberían sentarse las bases de cambio real. Greenpeace propone que se apoye mediante políticas públicas la transición agroecológica, siendo la PAC el elemento fundamental para ello, la moratoria a nuevas macrogranjas y la transición hacia dietas ricas en productos vegetales y con menos cantidad de proteínas de origen animal, es decir basadas en la Dieta de salud planetaria.
También sería clave la aprobación de un Plan Estratégico de Ganadería para la extensificación de la ganadería, la transición hacia un modelo de pesca de alto valor social y bajo impacto ambiental y la creación de centros logísticos y mercados agroecológicos locales, así como la reducción del desperdicio alimentario a lo largo de toda la cadena alimentaria.
¿Qué deben hacer las partes implicadas?
Desde las Administraciones, se debe apoyar a nivel estatal un Fondo de Transición Agroecológica, reorientar las subvenciones de la PAC para apoyar a los pequeños y medianos productores e incentivar las prácticas beneficiosas para el medioambiente y el clima; integrar criterios sostenibles en la compra pública y apostar por una transición proteica a través del fomento y adopción de la dieta de salud planetaria.
Desde la ciudadanía, se puede impulsar el cambio con decisiones cotidianas: reducir el consumo de carne, elegir productos locales, de temporada y agroecológicos, evitar el desperdicio, así como apoyar a los pequeños productores.
Por su parte, empresas e instituciones privadas deben apostar por cadenas de suministro sostenibles, reducir su huella de carbono, apoyar a proveedores locales y eliminar el greenwashing en sus campañas.
«La urgente y necesaria transición alimentaria sigue siendo la gran olvidada en las políticas públicas», advierte Helena Moreno, responsable de la campaña de sistemas alimentarios sostenibles de Greenpeace. «España necesita un modelo que ponga a las personas y al planeta en el centro. Ahora es el turno de la clase política para actuar con valentía, determinación y rapidez».
El actual modelo alimentario es altamente dependiente de recursos importados, genera impactos negativos tanto en el Estado español como en terceros países, y contribuye al aumento de emisiones y la degradación ambiental.
EL GAS NO ES VERDE
¿De dónde partimos?
En España somos muy dependientes del gas natural o fósil: supone en torno al 20 % de la energía total que se consume. Una dependencia no casual, sino fruto de intereses económicos y políticas energéticas afines. Actualmente, casi 8 millones de hogares dependen del gas para cocinar y calentarse. Además, el 80 % de se usa en la industria o para generar electricidad.
«El descenso del consumo de gas es posible; y, de hecho, antes del apagón, la mayor penetración y producción de energías renovables hizo posible una bajada importante de consumo de gas, y con ello las emisiones. Necesitamos regresar a esa senda», explica Francisco del Pozo, coordinador de la campaña Combustibles Fósiles y Energía Nuclear. Y en cuanto al suministro de gas, España tiene una dependencia de Argelia (interconexión por tubo), y de Rusia y EE. UU. por barco (GNL).
El mal llamado gas natural es fundamentalmente metano, un potente gas de efecto invernadero con un potencial de calentamiento global a los 20 años 84 veces superior al del CO2. Pero el gas esconde muchos más motivos por los que no puede ser la energía del presente ni del futuro, entre ellos, sus contribución al cambio climático. Además, también genera facturas altas en los hogares por la volatilidad de su precio (definido en mercados altamente especulativos), los perjuicios en la salud de las personas que causan sus emisiones de metano dentro de las viviendas y su responsabilidad en financiar guerras y regímenes que no respetan los derechos humanos.
Propósitos 2026
En 2026 nos centraremos en tres objetivos:
- Descarbonizar el sistema eléctrico: tras el apagón y el aumento de uso de gas por el «funcionamiento reforzado», presionaremos para regresar a los objetivos de transición energética y continuar el despliegue de renovables, pero también la inercia sintética y almacenamiento en lugar de subsidiar la generación mediante plantas de gas, como tememos que ocurra con la actual propuesta de mercado de capacidad.
- Acelerar la salida del gas ruso. Aunque la UE ha impuesto vetos a otros productos rusos, España y la Unión Europea siguen importando gas por barco. En 2026 se abre una ventana política para exigir a Naturgy planes firmes de desgasificación para 2035, empezando por el gas ruso que financia la guerra.
- Frenar nuevos proyectos gasistas, especialmente en Canarias, donde aún se plantea instalar una planta flotante que perpetuaría la dependencia fósil en lugar de avanzar hacia un sistema 100 % renovable.
¿Qué deben hacer las partes implicadas?
Las Administraciones deben actuar con urgencia: prohibir nuevos proyectos fósiles en la UE y en España —como la planta flotante en Canarias o la reapertura de El Musel y Aboño—, eliminar todas las subvenciones al gas y al petróleo y frenar las importaciones, empezando por un embargo al gas ruso y al gas de fracking estadounidense.
A las empresas gasistas hay que exigirles planes de transición energética realistas y vinculantes que reduzcan producción, importación y uso de gas fósil a cero en 2035, comenzando por inversiones en nuevos proyectos y orientando su estrategia hacia soluciones de electrificación, dejando el biogás para autoconsumo de plantas depuradoras e industriales .
La ciudadanía tiene un papel clave: impulsar el autoconsumo con energía solar, pero también con mejoras en aislamiento de las viviendas. También es posible y barato a medio plazo desconectarse del gas en hogares y comunidades de vecinos mediante bombas de calor/aerotermia y cocinas de inducción, y exigir a sus municipios que saquen el gas de edificios públicos y tiendan redes de frío y caños municipales.
El mal llamado gas natural es fundamentalmente metano, un potente gas de efecto invernadero con un potencial de calentamiento global a los 20 años 84 veces superior al del CO2.
VIVIENDA
¿De dónde partimos?
Mes a mes, la vivienda se consolida como el principal problema social según el CIS. La especulación y un parque envejecido e ineficiente agravan desigualdades, mientras el cambio climático subraya su papel como refugio climático. «Un presente inaceptable ante el que debemos responder», explica María Prado, responsable de campañas en Greenpeace.
Las políticas de vivienda siguen sin garantizar su función social ni su crucial papel en una transición energética 100% renovable y democrática, pese a lo que marca Europa.
Necesitamos hogares seguros y eficientes dentro de los límites planetarios: viviendas que protejan del calor y del frío, no disparen las facturas ni perpetúen la pobreza energética, y que reduzcan su impacto climático eliminando su dependencia de combustibles fósiles.
Propósitos 2026
La urgencia es evidente: toca alinear la política de acceso a la vivienda y la de rehabilitación para garantizar un derecho a la vivienda realmente digna, donde la calidad térmica y la sostenibilidad sean parte del estándar mínimo admisible.
El momento es ahora. Con varios planes nacionales en materia de vivienda y energía en desarrollo, necesitamos un pacto social que recoja:
- Unir dignidad y habitabilidad: asegurar que todas las personas en alquiler o propiedad puedan residir en viviendas saludables, eficientes y justas social y climáticamente.
- Política de Estado a largo plazo: transformar hogares y barrios con políticas de acompañamiento real a la ciudadanía.
- Nuevo instrumento financiero para movilizar recursos públicos y privados y reformar subvenciones dañinas para ofrecer mecanismos accesibles, progresivos y transparentes a toda la ciudadanía.
¿Qué deben hacer las partes implicadas?
De parte de la administración, priorizar mecanismos que garanticen el derecho a una vivienda digna, exigiendo mínimos de eficiencia energética y ofrecer instrumentos económicos y de acompañamiento mientras impulsa la rehabilitación de barrios vulnerables
Desde la ciudadanía aumentamos la presión social para que el derecho a la vivienda digna garantice una calidad energética y sostenibilidad.
La empresas e instituciones deben actuar como agentes de cambio, desarrollando modelos de negocio sostenibles, para que la rehabilitación genere empleo, innovación y reduzca la dependencia energética de la UE.
Toca alinear la política de acceso a la vivienda y la de rehabilitación para garantizar un derecho a la vivienda realmente digna, donde la calidad térmica y la sostenibilidad sean parte del estándar mínimo admisible.
MACROGRANJAS
¿De qué escenario partimos?
Aunque en España se han conseguido avances muy importantes, aún no hemos frenado del todo a la apisonadora de la ganadería industrial y sus macrogranjas. Uno de los logros más relevantes ha sido conseguir parar definitivamente el mayor proyecto de macrogranja de España, con más de 23.000 vacas lecheras, que se quería poner en marcha en Noviercas (Soria).
Aunque ese logro consiguió un resultado aún más importante: una legislación que no permite que se vuelvan a poner sobre la mesa proyectos de ganado bovino de estas dimensiones en nuestro país, además de la prohibición por parte de algunas confederaciones hidrográficas de que se construyan nuevas explotaciones de ganadería intensiva, o se amplíen las actuales, en las zonas declaradas como vulnerables a nitratos.
Pese a ello, el escenario sigue siendo demoledor, como señala Luis Ferreirim, responsable de Ganadería de Greenpeace. «En 2024 se batió el récord de sacrificio de animales en España: más de 956 millones, ¡¡¡1.820 animales al minuto!!!». La buena noticia, explica el propio Ferreirim, es que el sacrificio de cerdos (la industria de porcino es el principal problema) está cayendo en nuestro país. Alcanzó su récord en 2022, con más de 56 millones de cerdos; y en 2024 bajó hasta los 53,5 millones. Por otro lado, cada vez hay menos explotaciones, aunque cada vez son más grandes. En los últimos diez años (2013-2023) el número total de macrogranjas (cerdos y aves de corral, para las de bovino no hay datos públicos) se incrementó un 140 %. Respecto al número de animales, destaca el incremento de cerdos: entre 1961 y 2023 aumentó más de un 460 %.
Otro aspecto positivo es que sigue bajando el consumo de carne. Entre 2010 y 2024 se redujo un 27 %; sin embargo, sigue siendo unas 3,5 más que lo recomendado. La producción está cada vez más orientada a la exportación.
Y en cuanto a emisiones, el sector agrario es ya el tercer mayor emisor en España, siendo la ganadería la responsable del 75 % de las emisiones de este sector. La ganadería es por sí sola la responsable del 62 % de las emisiones totales de metano de España. Aunque los datos no discriminan si las emisiones provienen de la ganadería industrial o de la extensiva. Teniendo en cuenta que la primera es la que predomina y es casi exclusiva en algunos sectores, se intuye cuál es la principal responsable (y eso referido solo a emisiones directas, sin incluir las asociadas al alimento producido, y en gran medida importado, para todos estos animales). Otro dato relevante es que de las emisiones industriales declaradas, la ganadería industrial es la responsable de más del 90 % de las emisiones de amoníaco.
Propósitos para 2026
Para el año que empieza, son tres los objetivos:
- Conseguir parar proyectos icónicos por sus dimensiones faraónicas, como el que se pretende hacer en San Clemente, Cuenca, para 1.080.000 gallinas ponedoras.
- Movilizar a la ciudadanía en la lucha contra la ganadería industrial y sus macrogranjas para que puedan parar los nuevos proyectos que surjan.
- Mostrar cómo la ganadería industrial es la principal responsable de la contaminación del agua por nitratos y lograr medidas que lleven a la reducción de la cabaña ganadera en intensivo.
¿Qué deben hacer las partes implicadas?
Por parte de las Administraciones, asumir que la cabaña ganadera en intensivo no puede tener las dimensiones actuales, y reconocer sus grandes impactos ambientales y sociales. Por ello, deberían poner en marcha un Plan Estratégico de Ganadería que determine la carga ganadera máxima por región, así como otras medidas que frenen la expansión de este destructivo modelo; por ejemplo, la limitación del tamaño máximo de las explotaciones de aves de corral, disminuir el tamaño máximo de las explotaciones de cerdos, así como poner en marcha medidas que permitan garantizar que no se siga contaminando el agua con nitratos y que se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero de este sector.
A los ciudadanos habría que pedirles que presionen a la clase política para que ponga en marcha la transición hacia un modelo alimentario verdaderamente sostenible. Que adopten y divulguen la dieta de salud planetaria, donde predominan los alimentos de origen vegetal, y que de forma ocasional y opcional se puede complementar con una ingesta moderada de alimentos de origen animal que provengan de la ganadería extensiva de base agroecológica.
Y a las empresas de la industria cárnica y ganadera, que dejen de pensar solamente en facturar y aumentar sus ingresos. Que piensen en el bienestar de las generaciones actuales y futuras, en el interés general, y abandonen su modelo de producción destructivo. ¡Que apuesten por la sostenibilidad de verdad, no la de fachada que les permite seguir haciendo lo mismo de siempre solo que con mejor imagen!
Sigue bajando el consumo de carne. Entre 2010 y 2024 se redujo un 27 %; sin embargo, sigue siendo unas 3,5 más que lo recomendado.
Texto: Gema Lozano Fotos: © Greenpeace
